Las muertas de Juarez

La impunidad continúa

sábado, febrero 19, 2005

Resuelve familia feminicidio

Salvador Castro
Periódico Norte de Ciudad Juárez
Después de que transcurrieron siete años del homicidio y violación de la obrera de maquiladora, María Inés Sagrario González Flores, el día de ayer la Subprocuraduría de Justicia del Estado de la Zona Norte informó de la detención de uno de los presuntos responsables, quien resultó ser de oficio pollero y amigo de la familia de la víctima.
La subprocuradora de Justicia del Estado, Flor Mireya Aguilar Casas informó que en el crimen participaron además del detenido, José Luis Hernández Flores y/o Manuel Gatica, alias ‘El Chivero’ o ‘El Manuelillo’, otros dos individuos quienes hasta ayer no habían sido arrestados.
Señaló que el detenido en su declaración que rindió ante el Ministerio Público confesó que se puso de acuerdo con uno de sus cómplices para subir a la víctima en un vehículo, y se dirigieron rumbo a Loma Blanca, donde Sagrario fue privada de la vida y a cambio él recibió el pago de 500 dólares por su participación.
Un informe extraoficial señala que José Luis Hernández Flores y su cómplice aparentemente participaron en el asesinato de un taxista, cuyo cuerpo fue encontrado a corta distancia del lugar del hallazgo de la obrera, por que “aparentemente éste estuvo de acuerdo y después se les hizo para atrás”.
Un informe extraoficial señala que José Luis Hernández Flores y su cómplice aparentemente participaron en el asesinato de un taxista, cuyo cuerpo fue encontrado a corta distancia del lugar del hallazgo de la joven obrera de maquiladora, María Inés Sagrario González por que “aparentemente éste estuvo de acuerdo y después se les hizo para atrás”.
El reporte señala que la familia de Sagrario dio la pauta para que los nuevos investigadores de la Fiscalía de Homicidios de Mujeres centraran sus indagaciones en José Luis Hernández Flores, ya que éste en varias ocasiones cuando realizaban la búsqueda de Sagrario expresó que sería conveniente buscarla en Loma Blanca.
Las investigaciones señalaban que al terminar su jornada laboral, María Inés saludó a su novio y al padre de éste. A partir de ese momento no se estableció si abordó la rutera para acudir al centro de la ciudad y de ahí tomar otra que la dejaría en la terminal en Anapra, donde tendría que caminar 50 metros para llegar a su domicilio.
Además se investigó si María Inés Sagrario González Flores pudo haber sido asesinada por más de un individuo, según una línea de investigación abierta por la Fiscalía para los casos de crímenes de mujeres en esta frontera.
La hipótesis de que pudo haber actuado un grupo de delincuentes se sustenta en el daño físico que sufrió la joven y el cual se encuentra asentado en la autopsia que elaboraron los médicos legistas de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Días antes su madre, Paula Flores se presentó ante el anterior procurador de justicia del estado, Arturo Chávez Chávez e hincada y bañada en llanto le pidió que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para que su hija fuera localizada con vida.
La señora le manifestó que en su caso el novio de su hija estaba participando en la búsqueda y además María Inés era buena y no llevaba una doble vida.
Explicó que la vida de su hija era de su casa al trabajo y viceversa, además que participaba en el grupo de Comunidades Eclesiales de Base y daba clases de catecismo a los niños de la iglesia a la que asistían cada domingo.
La mujer explicó que acababa de llegar a esta ciudad junto con su familia procedente del estado de Durango. Señaló que nunca pensaron que les fuera a ocurrir a ellos lo que pasó con su hija.
La fiscal especial Claudia Cony Velarde Carrillo en conferencia de prensa informó que el detenido tenía una relación cercana a la familia y no precisó si éste participó en las labores de búsqueda de Sagrario cuando aún no se encontraba el cuerpo.
Tampoco precisó cómo participó la familia en las investigaciones para que el homicidio y violación de Sagrario fuera resuelto.
Tampoco comentó si hubo negligencia o desatención por parte de los anteriores investigadores de la fiscalía, ya que sólo se concretó a manifestar que ellos respondían por su trabajo y no por el anterior a su llegada, pero señaló que en la reactivación del expediente de Sagrario les llevó dos meses llegar a su esclarecimiento.
Cony Velarde informó que tienen avances significativos en otros casos de homicidios de mujeres de años anteriores y recientes -no precisó el número- e indicó que esperaba pronto dar noticias de nuevos crímenes resueltos.

El informe oficial
La subprocuradora de Justicia del Estado, Flor Mireya Aguilar Casas en conferencia de prensa dio lectura a una ficha técnica sobre el caso de María Inés Sagrario González Flores, quien fue localizada sin vida el día 29 de abril del año 1998 a la altura del kilómetro 21 de la carretera Porvenir, en una zona despoblada de Loma Blanca, en el Valle de Juárez.
Aguilar Casas informó que con fecha 18 de febrero del presente año se giró una orden de detención ministerial por parte de la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en contra de José Luis Hernández Flores y/o Manuel Gatica, alias ‘El Chivero’ o ‘El Manuelillo’, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de homicidio cometido en perjuicio de María Inés Sagrario González.
La subprocuradora informó que el detenido rindió su declaración ante el Ministerio Público, en la cual hizo mención que conocía a María Inés porque era amigo del hermano de ella, e incluso en alguna ocasión le propuso una relación de noviazgo, lo que nunca se concretó por la negativa de la jovencita.
El detenido hizo referencia que conoció a un individuo con el que confabulaba para pasar indocumentados a los Estados Unidos de Norteamérica, y que éste al ver a Sagrario le preguntó dónde trabajaba ya que había gustado la muchacha.
José Luis Hernández le informó que trabajaba en una maquiladora por el rumbo de San Lorenzo y después se puso de acuerdo con este sujeto y con otro más para subir a la víctima en un vehículo, lo cual hicieron para dirigirse a Loma Blanca donde Sagrario fue privada de la vida, informó la subprocuradora.
Señaló que el detenido admitió haber recibido la cantidad de 500 dólares por su participación en este trágico evento.
Informó que en el momento de estar dando la conferencia de prensa, el detenido estaba siendo consignado a un juzgado penal donde deberá rendir su declaración preparatoria.
La funcionaria señala que existe el compromiso de revisar y reactivar todos los expedientes relativos a los homicidios de mujeres registrados en esta ciudad, agotando los recursos que sean necesario para detener a los responsables.
Agregó que el detenido fue entrevistado y revisado físicamente por el primer visitador en esta ciudad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jaime Flores Castañeda.
Por su parte, La fiscal especial Claudia Cony Velarde Carrillo, manifestó que muchos de los casos están teniendo avances significativos y aclaró que no se trata de una frase trillada, ya que está cumpliendo con el compromiso que adquirió a su llegada a la fiscalía de que “exprimiría” los expedientes, e indicó que están ofreciendo resultados.
Dijo que aunque muchos de los expedientes son de años anteriores, todavía se pueden rescatar y pidió a la ciudadanía que recobre la confianza en la fiscalía de homicidios de mujeres, ya que en el anterior caso fueron muchas horas de investigación.
Manifestó que a la familia de la víctima se le informó de la detención del presunto responsable antes que los medios de información, e indicó que ésta se encuentra tranquila y creen que está satisfecha con la labor.
Precisó que al detenido se le declaró por la nueva fiscal como testigo, y después al caer en varias contradicciones se le declaró como presunto responsable.
Dijo que éste después del crimen estuvo viviendo en Chihuahua y en Ciudad Aldama. Dijo que no había sido interrogado por los anteriores investigadores de la fiscalía.

Investigo Suly a el tolteca
Después del descubrimiento del cuerpo de María Inés Sagrario el día 29 de abril del año 1998, y de la detención de Jesús Manuel Guardado Márquez, alias El Tolteca, la entonces fiscal Suly Ponce manifestó a los medios de información que investigaba al chofer de transporte público en relación a este crimen.
María Inés Sagrario salió de su domicilio el día 16 de abril del año en mención para dirigirse a su trabajo en una empresa maquiladora y su desaparición fue reportada el día siguiente por su madre Paula Flores.
Sus padres al momento de reportar la desaparición informaron que vestía una playera blanca, falda roja, calcetas blancas y pantaleta y zapatos del color negro.
La señora manifestó que su hija acudió a trabajar a la empresa maquiladora Copcom que se ubica en el parque industrial Antonio J. Bermúdez.
La policía comprobó que laboró el día 16 y al terminar el turno se le vio platicar con un amigo que trabajaba en el segundo turno de la misma empresa.
La última vez que se le vio fue en la zona centro y desde esa fecha no se supo más de ella, hasta que el día 29 de abril fue encontrada sin vida.
El dictamen de los legistas señala que tenía aproximadamente dos semanas de haber fallecido, fecha que corresponde al momento de su desaparición, por lo que se presume que el mismo día fue asesinada.
Esta presentaba cinco heridas cortantes, tres en el pecho, una en la región sacra y una más en la supraescapular izquierda, pero la causa directa de la muerte fue estrangulamiento manual.
La muerte de María Inés llevó a la creación del organismo no gubernamental Voces sin Eco, que pintó cruces en los postes de las principales avenidas de la ciudad para que los crímenes de mujeres no se olviden y además a raíz de la presión se creó la fiscalía de homicidios de mujeres.

martes, febrero 01, 2005


Admite fiscal que no investiga feminicidios

Javier Arroyo Ortega / Periódico Norte
Ciudad Juárez.-En la revisión de otros 50 expedientes de crímenes contra mujeres, la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República volvió a encontrar negligencia y omisiones de 50 funcionarios estatales que participaron en las averiguaciones previas.La fiscal María López Urbina enlistó de nuevo, en su tercer informe, a cincuenta servidores públicos (identificados sólo por su cargo) que ya habían sido señalados, a excepción de uno, en los otros informes y que de acuerdo al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Álvarez Ledesma, podrían haber incurrido, en su mayoría, en el delito de abuso de autoridad.López Urbina, reiteró que no tiene facultades para investigar en general los feminicidios y que sólo mantiene líneas de investigación en relación a nueve averiguaciones con 24 víctimas que fueron atraídas por la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), entre lo que se incluyen los casos del campo algodonero y los del Cristo Negro.Una de las observaciones del documento señala que en un año de trabajo se corroboró que en 205 casos analizados (con 233 víctimas), sólo en 84 homicidios “se dio el patrón conductual que se ha venido aludiendo como móvil o probable móvil sexual”.Una de las observaciones principales del documento entregado ayer a todos los asistentes a su tercer informe (primero que realiza en Juárez antes que en el Distrito Federal) señala que en un año de trabajo se corroboró que en 205 casos analizados (con 233 víctimas), exclusivamente en 84 homicidios “se dio el patrón conductual que se ha venido aludiendo como móvil o probable móvil sexual”.En su informe y en rueda de prensa posterior, López Urbina aludió a la confidencialidad de las investigaciones para no presentar avances en la investigación federal cuando se le señaló que las familias de las víctimas lo que esperan de la Fiscalía Especial es que se persiga y se detenga a los asesinos de mujeres.Insistió en que esa función corresponde a la Procuraduría de Justicia del Estado y que “mientras de las investigaciones no se derive un delito de índole federal, nosotros estaremos colaborando a través de las distintas áreas especializadas que conforman la PGR y cuando así lo soliciten”.Explicó que la Fiscalía ‘colabora’ con la Agencia Mixta instancia donde “se encuentran en trámite” las investigaciones en los casos en que ha operado la atracción Pero en las 22 averiguaciones previas objeto del tercer informe (junto con 23 causas penales y cinco procedimientos contra menores infractores para un total de 50 expedientes) no se encontraron elementos que justifiquen la intervención directa de la PGR, toda vez que no se detectaron posibles delitos de carácter federal, señala el documento. En el informe se indica que se tienen en total (incluyendo los expedientes analizados en los dos informes anteriores) 88 casos de homicidios, competencia exclusiva de las autoridades locales.En ellos, la Fiscalía Especial ha sugerido diversas hipótesis de investigación y ha propuesto una serie de diligencias “que podrían ser tomadas en cuenta por su homóloga del fuero común”.Presume combate a impunidadLa Fiscalía Especial informó que 50 servidores públicos resultaron con posibles responsabilidades administrativas y/o penales, es decir, el 26 por ciento de los 190 funcionarios que intervinieron en las averiguaciones de los 50 expedientes analizados en el último cuatrimestre.La fiscal especial leyó el listado de posibles negligentes ante los invitados a su informe en la sede local de la PGR: 8 fiscales, 20 agentes del Ministerio Público, 3 subagentes del Ministerio Público, 2 jefes de oficina y procesos conciliatorios, 6 agentes de la Policía Judicial y 11 peritos.López Urbina, habló únicamente por nueve minutos ante un presidium en el que se ubicó al Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR Mario Alvarez Ledesma (como representante del procurador general) el delegado estatal de la PGR, Héctor García Rodríguez, la titular de la PGJE, Patricia González Rodríguez y el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública Raymundo Domínguez.En el informe, la Fiscalía explica el objetivo de la revisión detallada al trabajo realizado por los servidores públicos, lo que hace “con el propósito, patentizado en los informes anteriores y reiterado en este Tercero, de contribuir a evitar la impunidad y hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia en favor de las víctimas y sus familiares, así como de la sociedad en su conjunto”.“Resulta insoslayable dar a conocer a las autoridades competentes, la existencia de posibles responsabilidades atribuibles a los servidores públicos que estuvieron a cargo de la integración de 22 averiguaciones previas, 23 causas penales y 5 procedimientos en contra de menores infractores” señala el documento en su apartado denominado “Análisis de posibles responsabilidades de servidores públicos”.Agrega que a los servidores públicos se les imputan distintas responsabilidades en función de los diversos cargos que ocuparon en la Fiscalía para la Investigación de Homicidios de Mujeres de la PGJE.Respecto a las posibles responsabilidades penales el informe remite al artículo 134 del Código Penal para el Estado de Chihuahua que habla de la configuración del delito de “abuso de autoridad” del funcionario “cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud”.En su discurso, la fiscal López Urbina reconoció “el esfuerzo que en la lucha contra la impunidad está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua al haber iniciado la consignación de aquellos servidores públicos a quienes con base en el análisis realizado por esta oficina se pudieron detectar posibles irregularidades durante los pasados diez años”.En rueda de prensa posterior a la breve ceremonia y en las mismas instalaciones de la PGR, el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Mario Alvarez Ledesma, explicó el proceso que se ha seguido en la revisión de todos los expedientes.Dijo que cuando el expediente ha sido ya sistematizado, se revisa cuáles fueron las actuaciones que se llevaron a cabo, qué peritajes se hicieron y cuáles no, así como cuál era el fiscal que estaba a cargo en ese momento, quiénes los agentes del Ministerio Público y quiénes los peritos.Agregó que en el informe se especifica cada una de las acciones u omisiones, en qué foja del expediente aparecen y dijo que esa información detallada se le ha estado entregando a la Procuraduría estatal.Señaló que las responsabilidades administrativas pueden ir desde una simple amonestación hasta la destitución definitiva del cargo.En el caso penal, el único delito del fuero común que pudiera encuadrar en la mayoría de los casos es el de abuso de autoridad, indicó el subprocurador, quien presidió el evento a nombre del Procurador General, Rafael Macedo.“Ella (la Procuraduría local) es la que determina si esas responsabilidades están vigentes y si efectivamente si efectivamente esas responsabilidades se llevaron a cabo, si hay elementos para configurarlas y en su caso fincarlas”, agregó.Aseguró que hay un equipo de cien abogados que revisan los expedientes en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y que ese trabajo ha permitido crear una base de datos para identificar en determinado expediente la participación de un funcionario público específico.w Destaca otros logrosEn su tercer informe y a un año de la creación de la Fiscalía Especial, López Urbina destacó como logro de su gestión la próximo apertura en Juárez de una casa de atención a las mujeres víctimas que operará en una propiedad asegurada por la PGR.En este programa especial, en el que participarán médicos y psicólogos, se coordinarán acciones con la Fiscalía estatal que dirige Cony Velarde.El Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledesma consideró que en tres o cuatro meses podría estar funcionando la casa para apoyar a las víctimas y sus familiasDijo que en Juárez se reproducirá un modelo usado en la Ciudad de México que opera con fondos donados por el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.Aclaró que no será un albergue pero sí un área especial para atender, con terapeutas y otros especialistas, las necesidades de las mujeres y sus familias.La titular de la Fiscalía Especial, López Urbina, también ponderó en su informe el registro nacional de víctimas que de Juárez se ha extendido a todos los estados del país.Agregó que en la base de datos sobre perfiles genéticos se tienen archivadas 106 muestras biológicas de los familiares de las víctimas y reportadas como desaparecidas.López Urbina destacó como otro logro el fondo de apoyo a las familias de las víctimas que se conformó inicialmente con una aportación de 25 millones de pesos del gobierno federal y cinco millones de pesos aportados por el gobierno estatal.Dijo también que para el 2005 el Congreso de la Unión autorizó una partida de 31 millones de pesos para el mismo fondo, por lo que se avanza en la acreditación de todos los familiares que podrán ser beneficiados.