Noviembre 2002
Norte de Ciudad Juárez
Ciudad Juárez.-A un año del hallazgo de los 8 cuerpos de mujeres asesinadas en el campo algodonero, las irregularidades que ha cometido el gobierno del Estado en torno al caso han reforzado más la idea generalizada sobre su actitud de encubrimiento hacia los verdaderos asesinos y dibujado un rostro perverso a la Procuraduría de Justicia del Estado.
En sólo 12 meses, la Procuraduría de Justicia del Estado superó las irregularidades que se registraron en los 10 últimos años sobre este problema, desde la falsa identificación de las víctimas, el encarcelamiento de “chivos expiatorios” y la utilización de testigos falsos, hasta la descarada persecución contra organizaciones ciudadanas, medios de comunicación que han revelado sus pifias y el asesinato del abogado Mario Escobedo.
El escándalo internacional por los homicidios contra mujeres que aumentó con el hallazgo de los 8 cuerpos, contrasta con la pasividad del gobierno del Estado y la reticencia de la federación para intervenir en el problema.
La Procuraduría de Justicia y el Gobierno del Estado han preferido hundirse en el ridículo y la desvergüenza ante la Organización de Estados Americanos y medios de comunicación de todo el mundo, antes que reconocer la falsedad de sus hipótesis y emprender una verdadera investigación con métodos científicos.
Además de sufrir la falta de atención al problema, las 8 familias de las mujeres cuya identidad fue desmentida mediante el examen del ADN que realizó la PGR, han sido objeto de los intentos de una sutil manipulación a base de obsequios, como vehículos y arreglos a sus viviendas, que otorgó el gobernador Patricio Martínez a través de su esposa Patricia Aguirre.
La confirmación de que los cuerpos no son los que la Procuraduría de Justicia identificó y consignó en los expedientes de los choferes, reveló el afán perverso de la autoridad estatal para salir del paso a las críticas por el hallazgo de las 8 mujeres asesinadas y el irrefutable hecho de que el problema de los homicidios en serie nunca ha sido resuelto.
La hipótesis de que los 8 cuerpos fueron conservados por un tiempo en un congelador o una alberca de formol antes de ser colocados en el campo algodonero, aunada a la información que reveló la Procuraduría Estatal sobre el mechón que les fue cortado a todas las víctimas con un arma blanca, también reforzó la teoría de que los verdaderos asesinos pertencen a conocidas familias de esta ciudad con enorme poder económico y político y que forman parte de la delincuencia organizada.
La relación entre homicidios contra mujeres y el narcotráfico es una de las hipótesis más fuertes en este problema, en la que la impunidad de que gozan los responsables se hace aún más evidente al no haber sido detenido ningún destacado miembro del Cártel en los últimos años pese a ser esta ciudad su centro de operaciones.
Como si el escándalo mundial por el hallazgo de los 8 cuerpos, la tortura que hicieron a los choferes y las amenazas a sus familias fueran poco, agentes la Procuraduría de Justicia del Estado asesinaron el pasado 5 de febrero al abogado Mario Escobedo, defensor de uno de los choferes acusados de los homicidios contra mujeres.
Los agentes judiciales que ejecutaron al abogado fueron exhonerados, a pesar de una teoría policiaca que se vino totalmente abajo con el descubrimiento de una bala que fue sembrada en la camioneta de los judiciales asesinos, para culpar al abogado de haberlos atacado primero.
Además, peritos y abogados lograron constatar que el abogado Mario Escobedo fue “rematado” después de impactar su vehículo contra el portón del negocio de frenos Dayma.
El abogado Mario Escobedo Salazar, padre de la víctima, acompañado de varios abogados y el perito Alejandro Domínguez, afirmaron lo anterior luego de que observaron que las puertas del portón del negocio también recibieron impactos de bala.
Este hecho manchó las manos de sangre a la Procuraduría de Justicia del Estado y se convirtió en el corolario y la confirmación de la complicidad y la sumisión del Poder Judicial al Gobierno del Estado al dejar en libertad a los judiciales asesinos.
Otro elemento que destaca en este último año es que la participación del FBI para resolver el problema de los homicidios en serie se ha estancado en una maraña de trámites burocráticos y declaraciones contradictorias de todas las instancias, que no tiene justificación ni cabida en un problema de tan grande magnitud, de acuerdo con Organizaciones No Gubernamentales.
LA FALSA IDENTIDAD DE LAS VICTIMAS
Los días 6 y 7 de noviembre del 2001 fueron encontrados por casualidad los 8 cuerpos de las jovencitas asesinadas, cuyas identidades siguen siendo una incógnita.
El pasado 26 de octubre la PGR, a través de un informe que dio a conocer el diputado David Rodríguez, informó que ninguno de los resultados concuerda con las familias a quienes se atribuyó el parentezco, con excepción de uno de los cuerpos.
Esta misma información había sido revelada el 26 abril del presente año por la PGR.
En ese primer informe, la PGR dio a conocer que de las ocho osamentas de mujeres asesinadas ninguna corresponde a las jóvenes que fueron identificadas y por las que se detuvo a dos choferes de transporte urbano, supuestamente responsables de los asesinatos.
Marisela Ortiz, del organismo no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que miembros de esa organización se comunicaron directamente con el director de inteligencia de la PGR, mismo que les informó que los resultados no coincidieron con ninguno de los expedientes.
El 10 de septiembre del presente año, peritos de la Procuraduría General de la República volvieron a solicitar muestras de sangre a algunas de las familias para realizar un nuevo examen de ADN y comparar los datos con las muestras de las víctimas debido a que, según informó esta autoridad, se establecieron dudas respecto al primer resultado.
El 26 de octubre pasado, al cumplirse casi un año del descubrimiento de las ocho osamentas femeninas en los campos de algodón, la PGR envió los nuevos resultados de ADN, (ácido desoxirribonucleico) los cuales no concuerdan con las mujeres desaparecidas, excepto en uno de los casos.
En este sentido, el informe revela que la Procuraduría de Justicia del Estado, pudo haber fabricado culpables con la detención ilegal y bajo torturas de dos choferes, actualmente procesados por la muerte de las ocho mujeres, de quienes se desconoce su identidad.
Sin embargo, no conforme con la información que dio a conocer la PGR, la Procuraduría de Justicia del Estado anunció que realizará nuevos exámenes a las víctimas.
De hecho este problema ha sido uno de los primeros obstáculos para realizar una investigación científica.
A dos días de haber encontrado los cuerpos, la PGJE se aferró a identificarlos sin contar con evidencias científicas, a responsabilizar a dos choferes de sus homicidios y elaborar una macabra historia sobre la forma en que fueron asesinadas, de la que no tienen ni una sola evidencia.
Ha sido tal la falta de respeto e insensibilidad de la autoridad estatal en este caso, que el exprocurador Arturo González Rascón, sin antes recurrir a las pruebas científicas necesarias ni informar primero a las familias, declaró a los medios de comunicación las supuestas identidades de los 8 cuerpos.
Esta situación aumentó el dolor de los supuestos familiares, quienes ahora, después de un año, han revivido la desesperación de la incertidumbre y los 3 sepelios que tuvieron que vivir creyendo que darían descanso a sus hijas o hermanas, fue otra obra más de la perversidad de la Procuraduría de Justicia del Estado, de acuerdo con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Sergio Dante Almaraz Mora, abogado de los choferes, señaló que ante esta situación y a un año de que fueron encontrados los 8 cuerpos, la Procuraduría de Justicia del Estado intenta quitar de los expedientes del proceso que se sigue a los choferes, los nombres que asignaron a cada una de las víctimas.
Esta nueva irregularidad debilitó aún más la teoría de la Procuraduría Estatal y fortaleció la versión de los choferes acusados, en el sentido de que sus confesiones les fueron obtenidas a base de torturas, y en las cuales, de manera por demás sorprendente dijeron nombres, apellidos y características físicas de cada una de las víctimas, de acuerdo con el abogado de los choferes.
De esta manera los choferes Víctor García y Gustavo González serían procesados por el homcidio de 8 mujeres de las que ni siquiera se tienen sus nombres.
LOS HALLAZGOS
-6 de Noviembre
La mañana del 6 de noviembre del 2001, los cuerpos de tres mujeres con indicios de haber sido atacadas sexualmente y victimadas en distintas fechas, fueron encontrados en un canal de riego, en medio de un campo algodonero frente a la Asociación de Maquiladoras.
El hallazgo ocurrió a las 9:00 de la mañana en la avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, zona altamente transitada por automovilistas, que se encuentra a un costado del fraccionamiento Quintas de San José.
La tercer mujer se encontró 25 metros más adelante de la segunda, cubierta de ramas, de 15 días a 3 semanas de muerta, se le apreció una coronilla en el maxilar superior izquierdo y la piel acartonada.
Al lugar acudieron un centenar de agentes de la Policía Municipal, Policía Judicial del Estado y cadetes de la Academia Estatal de esta última corporación, quienes realizaron un rastreo en los campos algodoneros, encontrando evidencias como prendas de vestir y otros vestigios que no fueron revelados.
Al respecto, el exsubprocurador de Justicia, José Manuel Ortega Aceves, quien hizo acto de presencia en el lugar de los hechos, señaló que por las condiciones en que fueron encontrados, los cuerpos fueron colocados en el campo en diferentes fechas.
Dijo que el haberlas encontrado ahí, “denotan la intención manifiesta de ocultar la realización de un delito, de tratar de ocultar las evidencias borrando, arrojándolos en un área no fácil de ser descubiertos”.
Sin embargo, diariamente el campo es cruzado por personas que caminan rumbo a la carretera.
-8 de Noviembre
El 8 de noviembre, tras el hallazgo de los primeros 3 cuerpos, un segundo grupo de 5 cadáveres de mujeres fue descubierto cerca del lugar de donde fueron encontradas los primeros.
Los 5 cuerpos fueron encontrados a las 11:00 horas del día 8 de noviembre en un canal de irrigación, a una distancia de 300 metros del edificio de la Asociación de Maquiladoras (AMAC), y tan sólo a 150 metros del hallazgo de los tres primeros cuerpos femeninos.
Uno de los cuerpos estaba envuelto en una alfombra al lado de un basurero de ropa, mientras que otros cuerpos se localizaron entre escombro acumulado y semienterrados, de acuerdo con información que proporcionó la Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes de Mujeres.
El lugar se encuentra a 300 metros de la vivienda de una de las amigas de Guadalupe Luna de la Rosa, a la que iba a visitar el día en que desapareció el año 2000.
Tras 12 meses de numerosas irregularidades, denuncias públicas y quejas ante la Organización de Estados Americanos, el problema de los homicidios en serie contra mujeres sigue sin ser resuelto y a la vista de una sociedad cada vez más incrédula de la información que dan a conocer las autoridades.
En un proceso por demás viciado y cuyo sustento cayó al mismo tiempo con que se dio la consignación de los choferes acusados de los 8 homicidios contra mujeres, la Procuraduría de Justicia del Estado no cuenta con ninguna nueva “carta” para mantener a los inculpados en la cárcel, de acuerdo con la defensa.
En cambio, la sangre del abogado Mario Escobedo que derramaron agentes de la Procuraduría de Justicia Estatal persiste como una de las marcas más oscuras de la actual administración.
El proceso de los choferes Víctor García y Gustavo González pende sólo de un hilo tan poderoso como el Estado, donde la autoridad ha prestado oídos sordos a las exigencias y el descrédito mundial confiada en que hasta ahora ninguna otra instancia nacional ni internacional ha hecho nada por poner un alto a la precariedad de la procuración de justicia de Chihuahua.
Al liberar a los judiciales asesinos del abogado Mario Escobedo, quien defendía a uno de los choferes, el Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia del Estado se declararon cómplices del homicidio que fue anunciado a través de judiciales que cumplieron las amenazas de muerte al abogado, por defender a los choferes, de acuerdo con lo que ha dicho la familia de la víctima.
A un año de la detención de los choferes, el gasto millonario que hizo el gobierno del estado en publicidad para convencer a la ciudadanía sobre la culpabilidad de García y González, sólo sirvió para que se generalizara más la idea de que ni siquiera se inició una investigación en este caso.
Organizaciones de esta ciudad y del Distrito Federal que han sido víctimas de persecusión se preguntan ¿por qué la Procuraduría de Justicia del Estado se preocupó tanto por encarcelar a los choferes antes de iniciar una investigación? ¿fue su falta de capacidad o acaso el compromiso de encubrir a los responsables?
La saña con que actuó la Procuraduría de Justicia del Estado al torturar a los choferes con la ayuda de agentes de la PGR se tradujo en una falta de confianza y temor generalizado de la ciuadanía hacia los responsables de la procuración de justicia.
En un recuento de las etapas de este primer año de la detención de los choferes, uno a uno, han caído todos los argumentos de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Uno de los últimos, se desmoronó totalmente hace menos de dos semanas, cuando se reveló que las identidades de los 8 cuerpos encontrados frente a la Asociación de Maquiladoras, no son las personas que aseguró la Procuraduría de Justicia del Estado que mataron los choferes.
LA DETENCION DE LOS CHOFERES
En la detención de los choferes de rutera Gustavo González Meza y Víctor Javier García Uribe, la Procuraduría General de Justicia del Estado, cometió toda clase de irregularidades, desde detenerlos sin orden ministerial, mantenerlos incomunicados, privarlos de su abogado defensor particular, hasta torturarlos y amenazar de muerte a a éstos, sus familias y sus abogados.
La detención fue realizada dos días después de los hallazgos de los ocho cuerpos.
Los domicilios de los acusados fueron sitiados de madrugada, por comandos policiacos encapuchados y enmascarados que portaban armas largas y amenazaron de muerte a los choferes.
LA TORTURA
Tras su detención, los choferes fueron trasladados a una casa particular donde fueron torturados.
En el expediente se asentó que la manipulación del interrogatorio corrió a cargo del exsubprocurador de justicia del zona Norte, José Manuel Ortega Aceves y del agente del Ministerio Público, quien firma la consignación, Jesús Manuel González Guerrero, (quien después sería reconocido como uno de los principales torturadores).
Los comandantes, Roberto Alejandro Castro Valles y Apolinar Juárez Castro y sus escoltas de nombres, Jaime Gurrola Serrano, Ciro Andrés Loera Güereca y Sergio Tomás García, fueron partícipes de la tortura contra ambos choferes.
LAS DECLARACIONES FORZADAS
La declaración ministerial de Víctor García y Gustavo González puso en evidencia la falta de una secuencia lógica de los hechos narrados con el lenguaje coloquial al estilo de los choferes y en cambio fue manipulada por el agente del Ministerio Público.
Inconvincente fue para los abogados que los acusados reconocieran a cada una de sus víctimas por sus nombres y se acordaran hasta del color de las prendas tanto exteriores como interiores, después de mucho tiempo de sucedidos los hechos.
En tanto, el grupo de peritos de Chihuahua, en ningún momento anexaron a la averiguación previa las pruebas antidoping que se les practicaron a ambos.
Las pruebas resultaron negativas al consumo de estupefacientes y posteriormente fue corroborado por la prueba que les hizo el perito químico, César del Hierro Ochoa, quien dictaminó esto mismo.
EL AUTO DE FORMAL PRISION
El 14 de noviembre del 2001, el juez Alberto Vázquez Quintero declaró formalmente presos a Víctor Javier García Uribe y a Gustavo González Meza, por los delitos de homicidio y violación.
La testigo Laura Güereca Arroyo, al mostrarle las fotografías de El Cerillo, sólo dijo que se parecía de perfil, al tipo que ella observó en dos ocasiones en la avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, en un auto Nova, “sólo que aquel era más blanco y sin bigote y además era bien vestido de manera formal y muy guapo”.
Esta misma testigo, después de hacer esta declaración, se retractó y afirmó que la persona que vio no es ninguno de los choferes.
Ha sido tanto el descrétido de la Procuraduría sobre la hipótesis de los choferes asesinos y que el Gobierno del Estado ordenó al juez tercero de lo penal, Alberto Vázquez Quintero, que ofreciera una conferencia de prensa.
En la conferencia, de la que el juez se enteró después que los medios de comunicación fueron convocados, Vázquez Quintero aclaró que no recibió presiones de nadie para dictar el auto de formal prisión de los choferes.
LA RENUNCIA DE MAYNEZ
El exprocurador, Arturo González Razcón, sabía que la confesión no era suficiente para fortalecer su hipótesis y ordenó que el grupo de peritos de Chihuahua, al mando de Daniel Jaramillo, llevaran a cabo los estudios de las osamentas y los cabellos encontrados en la camioneta tipo Van que aparentemente los acusados utilizaban para asesinar a sus víctimas.
El entonces jefe de los Servicios Periciales, Oscar Máynez Grijalva, fue muy claro, “es absurdo lo que pretendían hacer, querían sembrar cabellos de las víctimas en la camioneta tipo Van”.
Máynez ha dicho que de los más de 20 cabellos encontrados en la camioneta Van, al momento de cotejarlos y observarlos por medio del microscopio ninguno concuerda con el de las víctimas, por lo tanto no podrán emitir un dictamen que afirme lo contrario.
La manipulación de gobierno del Estado en lo referente a las pruebas periciales de las osamentas y las “supuestas evidencias” orillaron a Máynez Grijalva a presentar su renuncia el día 2 de enero pasado.
EL TRASLADO
El pasado 14 de enero, el procurador general de Justicia, Jesús José Solís Silva, argumentó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Pablo Zapata Zubiaga, que por motivos de seguridad fueran trasladados, Víctor García Uribe, alias “El Cerillo”y Gustavo González Meza, alias “La Foca” al Centro de Readaptación Social de San Guillermo, en la capital del Estado, Un día después se los llevaron.
El abogado defensor de El Cerillo, Dante Almaraz Mora, dijo que el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Pablo Zapata Zubiaga, actuó de manera ilegal y unilateral al ordenar el traslado, ya que no fue tomado en cuenta el pleno del STJE.
De acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “encontrándose el quejoso en situación de procesado, es inconcuso que la orden de traslado a otro centro de prevención social, es ilegal y por lo mismo violatorias de las garantías del artículo 18 constitucional”.
EL ASESINATO DEL ABOGADO MARIO ESCOBEDO
Después del traslado de los choferes a Chihuahua, el 5 de febrero del presente año, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) ejecutaron al abogado Mario Escobedo Amaya, defensor de Gustavo González Meza, alías La Foca, acusado del asesinato de las 8 mujeres encontradas en un lote baldío frente a la Asociación de Maquiladoras.
Al menos el vehículo del abogado recibió 14 impactos de bala, de las cuales hirieron de muerte al abogado quien falleció en el Hospital General.
El abogado Mario Escobedo Salazar, padre de la víctima y del mismo nombre que el occiso, acusó a los agentes estatales de ser los responsables del crimen.
Escobedo Salazar, señaló que el lunes su hijo recibió una llamada a su teléfono celular diciéndole que fue detenida en Villa Ahumada Ramona Jiménez, madre de Francisco Estrada alías El Venado, quien supuestamente victimó a un agente de la PJE.
Indicó que recibió una nueva llamada a su celular para entregarle lo correspondiente a la fianza para liberar a Ramona Jimenez, y que el lugar acordado para recoger el dinero, sería en la carretera Casas Grandes y bulevar Zaragoza, donde se encuentra una tienda de autoservicios Bip Bip, donde lo esperaría una persona en una pick up Ford Roja.
Agregó que su hijo, antes de acudir al lugar señalado, se dirigió a los separos de la PJE donde le dijo a Adrián Contreras, encargado del área de detenidos que lo esperara porque iba a recoger el dinero de la fianza para liberar a la detenida.
Enseguida acudió al lugar indicado y la persona de la pick up roja le manifestó que no completaba, que solo traía 15 mil pesos, por lo que decidió hablarle a su padre en los momentos en que se dirigía al despacho, se percató que era seguido muy de cerca por un vehículo Grand Cheroke, color dorado.
“Ayudame, me vienen siguiendo” expresó el occiso a su padre.
Antes de colgar escucho varios disparos, un rechinido de llantas y un fuerte golpe, añadió el litigante.
“No tardé ni 3 minutos en llegar al lugar de los hechos en la avenida Municipio Libre donde había más de 100 elementos de la PJE, y de Seguridad Pública, así como ambulancias y una unidad de Bomberos.
Agregó que un agente de la PJE, que dijo ser comandante, le arrebató el teléfono celular, y le dijo que “no estuviera chingando por que de un putazo me iba a tumbar”, enfatizó.
En el lugar de los hechos varios testigos observaron que las personas que iban a bordo de los vehículos que perseguían al abogado Escobedo Amaya, traían trajes negros y con insignias de la PJE.
El asesinato se registró tras una persecución que culminó en la avenida Municipio Libre y calle Namiquipa, a espaldas del panteón de la colonia Chaveña en hechos ocurridos a las 21:30 horas aproximadamente.
El exsubprocurador Manuel Ortega Aceves, justificó la intervención de los judiciales con una versión inverosímil, “de que el litigante les disparó y los agentes repelieron la agresión porque creyeron que se trataba del fugitivo homicida, Francisco Estrada, alias El Venado”.
La pick up del litigante, una Chevrolet cabina y media, modelo 90, color roja con gris, se estampó en la puerta metálica de un taller de Alineación y Balanceo.
La Policía Municipal recibió el reporte de una balacera en la intersección de las calles Carrizo y Matamoros donde participaron al menos 4 vehículos y posteriormente una persecución a balazos por la avenida Municipio Libre.
En ese mismo lapso, oficiales de Vialidad fueron amenazados en la avenida Ejercito Nacional con armas de fuego por los tripulantes de una camioneta Cheroke negra con placas nacionales DWN1613, la cual fue encontrada en el lugar de los hechos, luego de que sus conductores la usaran para copar el vehículo del litigante.
Ese mismo vehículo fue abandonado en el lugar de los hechos, por los victimarios del abogado Escobedo Amaya, quienes además dejaron un Jeep Wrangler con placas nacionales DUU6352.
El abogado presentó una herida contusa en la región parietal del lado izquierdo, con exposición de masa encefálica, además de traumatismo en el tórax y en ambas piernas.
LA BALA SEMBRADA
En la desesperación por evadir su responsabilidad, tanto el subprocurador de justicia del Estado, José Manuel Ortega Aceves; el jefe de la oficina de los Servicios Periciales, Héctor Enrique Infante Chávez, el primer comandante, Roberto Alejandro Castro Valles y agentes involucrados en la ejecución del abogado, Mario Escobedo Anaya, “sembraron” evidencias para justificar un asesinato.
El vehículo Grand Cherokee, color verde, que participó en los hechos, tripulado por el primer comandante, Roberto Alejandro Castro Valles y su escolta, Jaime Gurrola, presenta un impacto de bala en la orilla del cofre del lado izquierdo, el cual fue “sembrado” para justificar que el abogado, Escobedo Anaya les disparó.
Lo anterior se puede demostrar con las fotografías que fueron tomadas por Norte en el lugar de los hechos, en donde el vehículo Gran Cherokee, color verde y el Jeep Wrangler fueron extrañamente abandonados por sus tripulantes y se puede apreciar que el primero no presenta ningún impacto de bala.
El mismo abogado, Mario Escobedo Salazar, le manifestó en su oportunidad al subprocurador Ortega Aceves: “Señor el vehículo Grand Cherokee, color verde fue movido de los patios de la subprocuraduría y aparece un impacto de bala que fue producido por los agentes judiciales, además le pusieron lodo fresco para aparentar que mi hijo les había disparado”.
“Lo mataron por la espalda, todos los impactos están por atrás.
“¡Como bestias rabiosas, los agentes judiciales remataron a mi hijo, después de que se impactó en el taller y no pueden negar que no lo conocían!”, expresó el abogado Mario Escobedo Salazar, al percatarse que los elementos de la PJE, dispararon sus armas a mansalva sobre el abogado Mario Escobedo Anaya.
De acuerdo con el dictamen pericial de los disparos que presenta la camioneta pick up Chevrolet color guinda con gris, que tripulaba el abogado Escobedo Anaya, se puede apreciar a simple vista los impactos de bala penetrados en la cabina después del choque.